Juventud, sexo y violencia

Los datos oficiales no dejan lugar a dudas; en el año 2011, prácticamente uno de cada cinco partos se dieron en adolescentes menores de 19 años; en efecto, según los datos del INEGI, en el año 2011 nacieron más de 450 mil niñas y niños cuyas madres eran apenas adolescentes.
Más preocupante aún resulta el hecho de que en casi 12 mil casos, las nuevas madres tenían menos de 15 años; y entre ellas, casi dos mil se estaban enfrentando ya a su segundo parto.
Estos datos no pueden desligarse, de manera obvia, de la forma en cómo las y los jóvenes están viviendo su sexualidad, en medio de un contexto generalizado de violencia, adicciones, intolerancia, discriminación y, por si fuera poco, precariedad laboral y económica.

Todas las encuestas que se han levantado entre las y los jóvenes revelan que existen muy altos niveles de depresión, desconfianza, miedos, resentimiento e incluso odio o al menos rechazo en contra de todo aquello que represente signos de autoridad, control o disciplina.
Estas consideraciones son relevantes, porque no pueden desligarse de la violencia de la que son objeto millones de mujeres adolescentes jóvenes, desde el  ámbito familiar hasta las relaciones de amistad y noviazgo. Por ejemplo, las distintas ediciones de la Encuesta Nacional de la Juventud revelan que la edad en la que las y los jóvenes están teniendo su primera relación sexual ha ido a la baja de manera significativa, situándose en 16 años, en promedio, para las niñas.
Aunado a lo anterior, lo más alarmante es que la mayoría de ellas no utiliza ningún método de prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual (ETS), porque el hombre no se los permite; es decir, hay una situación de violencia y presión psicológica, sustentada en el machismo, que debe ser considerada al momento de diseñar las campañas de prevención.
Estas consideraciones tienen pertinencia ante una pregunta elemental: ¿por qué si las jóvenes tienen acceso a la información y al conocimiento sobre cómo prevenir embarazos y  ETS, siguen presentando cada vez más altas tasas de embarazo adolescente y de contagio?
Al respecto, otra de las vetas de respuesta se encuentra en el poco acceso que se tiene a los métodos de prevención del embarazo. De acuerdo con los datos oficiales, entre las mujeres menores de 19 años hay un 25% que, aun requiriendo servicios o métodos de anticoncepción, no cuentan con acceso efectivo a ellos. El dato es relevante porque entre las mujeres mayores de 20 años, la demanda no atendida es de 12.3%.
Las administraciones panistas asumieron una doble posición en la materia en los últimos 12 años: por un lado, al no tener más remedio que cumplir la ley, aceptaron el discurso de la libertad; por el otro sin embargo, restringieron el acceso, tal y como lo muestran los datos, a los métodos que permiten el efectivo cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, y en general, de la población joven.
Esto revela una doble dimensión de la violencia, pues a la que se ejerce directamente por los hombres, en todas las edades y condiciones socioeconómicas, se añade la violencia institucional, la cual se expresa en la restricción e incumplimiento del mandato constitucional y legal en materia de derechos de las y los jóvenes.
Hay que destacar que lamentablemente, el machismo y las posiciones conservadoras, aun cuando se han expresado emblemáticamente en el Partido Acción Nacional, también se han “infiltrado” o convivido en otros signos políticos, lo cual ha llevado a que gobiernos de todos los colores, promuevan, por ejemplo, la abstinencia sexual como principal método de anticoncepción, lo cual es no sólo absurdo, sino francamente contrario a lo que establece todo nuestro sistema jurídico.
Diversos informes muestran que no se han logrado reducir los alarmantes niveles de violencia sexual y física en contra de mujeres adultas y niñas; y que la mayoría de los actos de agresión se dan en el hogar y en sus entornos. También se muestra que hay una enorme violencia física y sexual en los entornos escolares.
Estando así las cosas, una de las cuestiones a plantear es la siguiente: ¿hasta dónde el embarazo en mujeres adolescentes, así como las conductas de riesgo frente al posible contagio de enfermedades de transmisión sexual, responden a las condiciones estructurales de violencia, machismo y discriminación en contra de las mujeres, adolescentes y niñas?
México carece de un estudio a profundidad, y con escala nacional, respecto de esta materia; por ello es deseable y urgente que la nueva administración destine los recursos necesarios para promover y alentar la investigación en éste y otros rubros sociales, porque es en el conocimiento adecuado sobre la complejidad que rodea a fenómenos como los mencionados, como se podría comenzar a mejorar la respuesta pública ante tales cuestiones.
El diseño de las políticas públicas no puede estar basado más en ocurrencias, visiones o posiciones ideológicas personales, prejuicios de las y los funcionarios, y menos aún, sin estar apegadas estrictamente al mandato constitucional de garantizar a plenitud, el catálogo de los derechos humanos y sociales para toda la población.

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